Con fecha 4 de diciembre de 2014 se sancionó la Ley 27.063 mediante la cual se aprobó el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Se incorporan los principios de celeridad, oralidad, publicidad y desformalización de las actuaciones judiciales y se ahonda la participación ciudadana. La Ley también incorpora criterios de disponibilidad de la acción, para descomprimir el flujo de casos y racionalizar la respuesta punitiva, pudiendo las víctimas controlar la actuación de los fiscales sin la necesidad de constituirse como querellantes.
Surge la Oficina Judicial como una unidad de gestión concentrando y profesionalizando el engranaje de la actividad judicial modificando las estructuras y los sistemas de gestión existentes. Se incorpora un esquema de acuerdos específicos y de diversos niveles para optimizar el trámite del proceso.